El caso conocido como «Salinas» en Ecuador, ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre hasta dónde puede llegar el poder judicial al interpretar o incluso redefinir conceptos jurídicos establecidos. La sentencia de la Corte Constitucional del país causó una fuerte controversia social y mediática al introducir conceptos y categorías de género que transforman radicalmente la comprensión legal y social del sexo y la identidad.

¿Qué sucedió realmente en el caso Salinas?

Todo comenzó cuando, en 2017, dos extranjeros inscribieron a su hijo de cinco años en un colegio ecuatoriano indicando que el menor se autopercibía como niña. Los padres exigieron al colegio que tratara al menor como niña en todos los aspectos posibles: uso de baños, camerinos femeninos, uniforme femenino, nombre social femenino y participación en actividades deportivas femeninas.

Aunque hubo un proceso de diálogo con las autoridades educativas, los padres consideraron que el colegio no cumplía adecuadamente sus exigencias y denunciaron a la Unidad Educativa. Sin embargo, las autoridades educativas determinaron que no existía discriminación ni impedimentos a la educación del menor. Esto llevó a los padres a recurrir a la acción judicial mediante una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.

La decisión polémica de la Corte

En una decisión dividida, con apenas cinco votos de nueve, la Corte Constitucional dictó una sentencia que introduce en el sistema jurídico ecuatoriano terminología proveniente de la ideología de género, como “cisgénero”, “transexual”, “queer” e “intersex”. Además, la sentencia adopta una postura controvertida, afirmando que el sexo es una categoría basada en la autopercepción personal, independiente de la anatomía, lo que marca una redefinición significativa del concepto tradicionalmente aceptado en el derecho ecuatoriano.

Este fallo levantó numerosas críticas, especialmente desde los votos en contra emitidos por algunos jueces constitucionales, quienes señalaron errores fundamentales en la motivación jurídica y en la competencia misma de la Corte para redefinir el sexo de esta manera.

¿Activismo judicial en Ecuador?

La crítica central del caso Salinas apunta a que la Corte Constitucional habría ejercido un activismo judicial excesivo, extralimitándose en sus funciones e imponiendo una visión ideológica particular, sin el debate democrático ni legislativo correspondiente. Esta acción judicial es vista por los críticos como una usurpación de competencias legislativas, ya que conceptos tan sensibles y complejos como la identidad de género deberían discutirse ampliamente en la sociedad y regularse a través de leyes claras, no mediante sentencias judiciales.

El uso selectivo de fuentes internacionales como las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya naturaleza vinculante para estos asuntos es cuestionable, ha generado aún más controversia. El hecho de que la Corte Constitucional haya aceptado estos argumentos sin mayor cuestionamiento abre dudas sobre su imparcialidad y rigor.

La inversión peligrosa de la carga de la prueba

Uno de los puntos más cuestionados es cómo la sentencia maneja la carga probatoria. El fallo asumió como verdad absoluta la autopercepción del menor sin exigir pruebas médicas, psicológicas o periciales que sustentaran científicamente dicha afirmación. Este precedente crea un estándar peligroso para futuros casos, donde las percepciones subjetivas podrían imponerse sobre hechos objetivos verificables, afectando potencialmente múltiples ámbitos legales y sociales.

Las consecuencias jurídicas y sociales de esta decisión

Al redefinir jurídicamente el sexo como una categoría subjetiva basada en la autopercepción, esta sentencia abre una serie de interrogantes sobre diversas regulaciones jurídicas que dependen tradicionalmente del sexo biológico. Normas sobre cuotas de género, leyes contra la violencia hacia las mujeres, disposiciones en cárceles, participación deportiva y educación diferenciada podrían quedar afectadas, generando confusión y conflictos sociales e institucionales.

Reflexión final: La importancia del control democrático

Este caso deja claro que las decisiones judiciales tienen consecuencias profundas en la sociedad. Cuando una Corte decide redefinir conceptos legales fundamentales sin diálogo ni participación democrática adecuada, pone en riesgo la legitimidad misma del sistema jurídico y político.

Es esencial mantener un equilibrio institucional que respete tanto los derechos fundamentales individuales como el control democrático sobre decisiones que impactan significativamente la vida social y jurídica de un país. El caso Salinas es un llamado urgente a reflexionar sobre los límites y alcances del poder judicial en las democracias contemporáneas.